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Archivo de octubre de 2010

Los edificios de más de medio siglo deberán inspeccionarse cada diez años

jueves, 21 de octubre de 2010

El Govern aprobó ayer el anteproyecto de ley de acceso a la vivienda de Balears que, entre otras medidas, establece que los edificios de más de 50 años de antigüedad deberán someterse a una inspección técnica cada diez años como mínimo. Además, se creará un registro de fianzas de contratos de alquiler de las viviendas y negocios, así como un registro único de demandantes de viviendas de protección oficial.
El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, explicó que cuando el Parlament apruebe este texto Balears dejará de ser la única Comunidad Autónoma «que no tiene regulado el acceso a la vivienda» con una normativa propia. Carbonero resaltó que el anteproyecto incide de manera especial en la «seguridad y calidad» de los edificios, de tal modo que se extiende a toda la Comunidad Autónoma la obligatoriedad de realizar inspecciones para revisar el estado en el que se encuentran los edificios antiguos, algo que hasta ahora sólo era obligatorio en Palma.
Además, el anteproyecto del Ejecutivo balear «precisa el contenido de la cédula de habitabilidad», que acreditará que una vivienda reune las condiciones básicas y será obligatoria para ocuparla, así como para cualquier transmisión o venta y alquiler.
El titular de la Vivienda detalló que el anteproyecto define cuestiones como los de «vivienda desocupada, sobreocupada o infravivienda». En lo que se refiere a la creación del registro de fianzas de alquiler de viviendas y negocios, explicó que su función será la de actuar como depósito de las garantías de estos alquileres.
El conseller no pudo precisar cuando podrá aprobarse definitivamente esta ley, ya que depende de la tramitación parlamentaria. No obstante, confió en obtener el máximo respaldo por parte de la Cámara balear. «Creo, espero y deseo que con las alegaciones y modificaciones que se introduzcan se alcance un consenso que permita que se apruebe», precisó Carbonero en referencia a la situación de minoría con la que gobierna el Ejecutivo.
Agregó que su departamento ya ha superado las «20.000 actuaciones en materia de vivienda», por lo que ha cumplido con su compromiso en esté ámbito para esta legislatura. No obstante, reconoció que el anuncio del Gobierno central sobre el recorte de las ayudas del Plan de Vivienda dificultará el cumplimiento de las previsiones del Govern, si bien se mostró convencido de que «las líneas más importantes», como son las de «promoción de viviendas de alquiler y rehabilitación», mantendrán la «actual financiación».

Fuente: diario de mallorca

Cort multa con 600 euros a más de 1.000 inmuebles por no haber pasado la ITE

jueves, 21 de octubre de 2010

La sanción no es el objetivo fundamental, pero se aplicará para incentivar el cumplimiento de las normas. El departamento de Urbanismo del ayuntamiento de Palma ha comenzado a remitir las primeras notificaciones con imposición de multas de 600 euros a los propietarios de inmuebles que estaban obligados a pasar la Inspección Técnica de la Edificación (ITE) antes del 31 de diciembre del año pasado y no lo hicieron.
Entre las medidas acordadas por la comisión permanente, creada hace nueve meses para mejorar la seguridad de los edificios en la ciudad tras el derrumbe del inmueble de la calle Rodríguez de Arias en la que fallecieron siete personas, además de multar a los infractores, se incluye la publicación en la web municipal de los inmuebles que no han pasado la ITE y debían hacerlo. Se trata de una medida coercitiva dirigida a informar a posibles compradores, inquilinos y técnicos sobre el estado del edificio en cuestión.
Todas las multas son del mismo importe: 600 euros, tal como indica la ordenanza municipal. La concejala de Urbanismo, Yolanda Garví, aseguró ayer que han incumplido la obligación de pasar la inspección técnica el 40% de los 2.871 edificios con una antigüedad de más de 100 años o los catalogados, que debían haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Las notificaciones han comenzado a remitirse este mismo mes de octubre.
En relación a los inmuebles que están obligados a remitir este año a Cort el certificado de la ITE, Garví recordó que se trata de los construidos ente los años 1900 y 1910 del siglo pasado. Según el censo municipal, hay 3.607 inmuebles de estas características en la ciudad y en estos momentos, cuando faltan sólo tres meses para finalizar el año, «todavía no tienen la ITE el 50%», según la concejala. No obstante, manifestó que probablemente en los últimos meses el porcentaje mejorará, puesto que según la experiencia de otros años, es cuando se incrementa el número de certificados.
Una cuestión que hace que la concejala sea optimista es el hecho de que el departamento correspondiente de Urbanismo «ha tramitado, en lo que llevamos de año, el doble de expedientes» que en las mismas fechas del año pasado.
Otro de los factores que pueden influir en el bajo porcentaje de cumplimiento de la ordenanza es la edad de los inmuebles. «En edificios más nuevos hay más conciencia por parte de los propietarios de la necesidad de pasar la inspección» aseguró Garví, que insistió en la necesidad de los propietarios de que cumplan con la obligación de tener en buen estado de ornato y seguridad sus viviendas.
La concejala recordó que aquellos propietarios con dificultades económicas pueden acogerse a las subvenciones que concede el Ayuntamiento que, en algunos casos, puede financiar la totalidad del coste del informe técnico de la ITE.
Otra de las conclusiones de la comisión no permanente, presidida por el concejal del PP Segismundo Morey, consiste en la necesidad de «intensificar» las campañas informativas y de concienciación.
Si bien las conclusiones de la comisión se elevarán al pleno, se ha acordado que el mapa de riesgos iniciado será un instrumento de uso interno que deberá contar con una actualización constante, con el fin de que pueda ser utilizado por los técnicos municipales.
La comisión recomienda que el Ayuntamiento destine más efectivos al Servicio de Protección e Inspección Técnica con el fin de poder realizar de forma eficiente la obligación municipal de ejecutar de forma subsidiaria las órdenes de derribo no cumplidas por los propietarios que supongan un peligro para personas y bienes.
También se insta a dar cumplimiento en un plazo corto a las solicitudes de órdenes de ejecución que lo requieran. En otro apartado se insta al mantenimiento de las bonificaciones de impuestos municipales ligados a la rehabilitación y se traslada al Govern y Consell la necesidad de abrir líneas de subvención para las obras derivadas de la inspección.

Las ejecuciones hipotecarias se disparan en España

jueves, 21 de octubre de 2010

El rápido deterioro de la economía española y las condiciones de falta de liquidez de su mercado inmobiliario han forzado a los bancos a realizar un número récord de ejecuciones hipotecarias en España desde 2007, según un informe de Moody’s Investor Service.

Estas ejecuciones hipotecarias elevan la severidad de las pérdidas y estrangulan la liquidez de las titulizaciones hipotecarias residenciales, dice un informe sobre procesos de litigios de hipotecas en España firmado por el vicepresidente de Moody’s Alberto Barbachano.

El volumen de ejecuciones hipotecarias en España llevadas a los tribunales se incrementó un 126% en 2008 y un 59% en 2009 en tasa interanual. Sólo en el primer trimestre del ejercicio 2010 se registró el récord de de 27.561 ejecuciones hipotecarias, dice la firma.

En periodos económicos más benignos que el actual, los deudores españoles con dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago han sido capaces de vender sus viviendas con relativa facilidad para afrontar sus deudas, indica la firma.

En este sentido, Moody’s explica que la debilidad de la economía española, las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario y la elevada tasa de desempleo han forzado a los bancos a emprender la ejecución de muchas hipotecas.

No obstante, precisa que las actuaciones extra judiciales se han convertido ahora en una solución a la que recurren prestamistas en España, sobre todo en áreas donde los tribunales están saturados y la ejecución de la propiedad puede llevar más tiempo.

Según los datos del Banco de España que maneja Moody’s, los bancos y las cajas de ahorros en España tienen en la actualidad propiedades inmobiliarias en balace por importe de unos 20.500 millones de euros.